De Deming a Scrum y la Prevención Ágil (II)

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Segunda parte

El modelo tradicional de los Sistemas de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales y sus debilidades preventivas.

El origen de muchos problemas que se observan en PRL al realizar una evaluación de riesgos, se debe a una falta de conocimiento técnico en el lugar adecuado y en el momento preciso. Y sin lugar a dudas, se debe al carácter secuencial del proceso metodológico de control o eliminación de los riesgos. La primera actuación de un marcado carácter técnico-preventivo es la evaluación inicial de riesgos, y ésta, se produce una vez que los puestos de trabajo se han implementado y los trabajadores están trabajando en ellos. 

Desde mi punto de vista, este proceso secuencial sin solape alguno en las fases de diseño de un proceso o incluso de un nuevo proyecto empresarial, es absolutamente reactivo a un requerimiento legal y burocrático, pero en absoluto obedece a una praxis propiamente preventiva.

Es frecuente encontrar empresas que deciden contratar un Servicio de Prevención Ajeno meses después de su puesta en marcha porque han tenido algún acontecimiento no deseado: una visita de la Inspección de trabajo, un accidente, un requerimiento de algún cliente o de algún proveedor, o en aquellas más pequeñas si el gestor ha caído en la cuenta de que esto de la prevención deben tenerlo ligado, al menos, en cuestión de “papeles”.

Por tanto, en la mayoría de los casos, la primera actuación preventiva no se inicia con el proyecto empresarial en sí sino a consecuencia de la finalización de la puesta en marcha del proyecto. 

Esta falta de solapamiento entre la Prevención y las diferentes etapas de un proyecto empresarial se viene a solucionar en nuestra legislación con un recurso muy sencillo para el legislador, por aquello de que el papel lo aguanta todo, pero muy difícil de conseguir para las empresas y que dice que la Prevención de Riesgos Laborales debe integrarse en el sistema general de gestión de la empresa. El legislador, para darle sustento legal, lo redacta así en el artículo 1 del Reglamento de los Servicios de Prevención:

La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el seno de la empresa, deberá integrarse en su sistema general de gestión, comprendiendo tanto al conjunto de las actividades como a todos sus niveles jerárquicos, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales cuya estructura y contenido se determinan en el artículo siguiente.La integración de la prevención en el conjunto de las actividades de la empresa implica que debe proyectarse en los procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las condiciones en que éste se preste.Su integración en todos los niveles jerárquicos de la empresa implica la atribución a todos ellos, y la asunción por éstos, de la obligación de incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones que adopten.

Han pasado los años y este artículo, que es del año 1997, no consiguió su objetivo. Así que en el año 2008, el Instituto Nacional de seguridad e Higiene en el Trabajo, publica una Guía Técnica para la Integración de la Prevención de Riesgos Laborales, en la que además de dar orientaciones sobre cómo llevar esto a la práctica, analiza también cuáles han podido ser las causas de que no se esté haciendo esto en las empresas, y lo atribuye, básicamente, a la externalización de la Prevención en los Servicios de Prevención Ajenos (SPA). Y dice así, refiriéndose al mencionado artículo del reglamento:

Sin embargo, esta disposición tuvo un bajo impacto; en general, la prevención seguía considerándose, en la práctica, como una actividad que podía subcontratarse en su totalidad con un Servicio de prevención ajeno o delegarse en el Servicio de prevención propio, y que era externa a la organización productiva y se dirigía exclusivamente al cumplimiento de determinados requisitos de carácter documental.

No obstante, el parcheo a esta falta de integración, en la que el supuesto sujeto culpable es el SPA que trabaja para la empresa y no la propia empresa, acaba resultando de los más kafkiano, y es que, a los SPA, que se les acusa de ser los causantes de la falta de Integración de la Prevención en la empresas serán los nuevos encargados de que ésta se haga, hasta el extremo que se modifica el citado reglamento y apunta a esta actividad, la valoración de la integración de la prevención, como la única legalmente obligatoria en la relación contractual entre SPA y empresa. Lo cual no deja de ser curioso, porque si un SPA no se integra más en las actuaciones de las empresas es porque la empresa no quiere contratar esos servicios, no porque el SPA no quiera ofertarlos y cobrarlos. Pero no parece que este matiz pecuniario forme parte del análisis causal que se apunta en la citada Guía Técnica, sino que se basa en un criterio trasnochado apuntando a la falta de agilidad que puede tener un SPA en trasladar su personal a la empresa cliente para abordar una consulta ¡pardiez! que estamos en el siglo XXI y la tecnología nos permite cosas hasta ayer inimaginables. En fin, ellos lo vieron así:

La integración de la prevención en una empresa no supone que la consulta al Servicio de prevención deje de ser necesaria (salvo si se alcanza un muy elevado -y por tanto, raro- grado de integración). Por el contrario, a menudo, cuando el proceso de integración va avanzando, el personal de la empresa, a todos los niveles, va mostrándose más participativo y -si se quiere consolidar y mantener el proceso- es necesario estar en disposición de atender sus inquietudes y consultas. A medida que aumenta el tamaño y riesgos de una empresa se incrementa la necesidad de “tener a mano” a alguien a quien puedan consultar los trabajadores (y sus representantes) y los directivos y mandos que gestionan actividades en las que la prevención está integrada. En estas condiciones, en una empresa que sólo dispusiera de un Servicio de prevención ajeno, éste se vería obligado a desplazar frecuentemente su personal a la misma para atender consultas, aunque éstas fueran mayoritariamente de carácter básico. La problemática práctica que esto supone se agrava si se considera que algunas de dichas consultas –básicas o no- pueden ser urgentes, por ejemplo, porque condicionan una decisión de importancia que difícilmente podrá retardarse hasta que el personal del Servicio de prevención ajeno haga acto de presencia.

El Reglamento de los Servicios de Prevención sólo exige que una empresa disponga de personal propio con formación especializada (en materia de prevención) si está obligada a constituir un Servicio de Prevención Propio, es decir, si tiene más de 500 trabajadores, o más de 250 en el caso de empresas “ potencialmente peligrosas”. El resto de las empresas -la gran mayoría- puede encomendar a un Servicio de Prevención Ajeno (o a varios) la totalidad de las actividades preventivas especializadas que están obligadas a desarrollar y eso es lo que suele ocurrir.

Por las razones antes aducidas, la total externalización de los recursos preventivos especializados dificulta considerablemente la integración. Mientras no cambie la situación normativa descrita en el párrafo anterior, la única solución práctica a este problema consiste en que sea el propio Servicio de prevención ajeno (al que el empresario ha “encomendado” la prevención) el que, al promover la integración, promueva también la designación por el empresario de un trabajador capaz de atender las consultas más elementales y de hacer de puente entre la empresa y el propio Servicio, y le proporcione la formación y el asesoramiento necesarios para desempeñar dicha labor. Dicho trabajador, con funciones preventivas específicas, complementarias a su actividad profesional, debería tener como mínimo una formación de nivel básico.

Llegados a este punto, cabe preguntarse: 

¿Es la falta de agilidad de los Servicios de Prevención Ajenos la causante de esta falta de integración o podemos pensar en otras razones más poderosas?

Transcurridos cinco años tras la publicación de esta Guía:

¿Se puede considerar provechosa la valoración de la efectividad de la integración como solución práctica al problema?

La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (2007-2012) contempla una serie de medidas encaminadas a potenciar la disposición de recursos de prevención propios, que incluyen determinados tipos de bonificación a las empresas que los utilicen sin tener la obligación de hacerlo.

¿Están teniendo estas bonificaciones el efecto deseado o por el contrario le supone más ventajas al empresario continuar externalizando?

¿Podrían los SPA ofrecer servicios más ágiles en prevención si se realizasen pertinentes modificaciones legislativas?

 

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